1994 fue un año determinante en la historia moderna de México. Tres fenómenos de gran importancia ocurrieron al mismo tiempo. Primero, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Segundo, el quiebre dramático de las relaciones políticas del pasado que llevaron a una serie de asesinatos políticos, siendo el del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, el más significativo. Tercero, la irrupción del movimiento zapatista.

Este movimiento fue muy importante, pues indudablemente puso la agenda indígena en un lugar prominente de la discusión nacional. Uno de los debates que encendió fue el que tiene que ver con la compatibilidad del derecho positivo, por un lado, y el derecho público, por el otro. Este último toma en cuenta la justicia para ciertas comunidades.

Otra manera de plantear el problema es pensando en cómo se debe resolver una posible contradicción entre los usos y costumbres de las comunidades indígenas y el derecho positivo mexicano.

La experiencia muestra que es muy posible que casi cualquier controversia entre estos dos paradigmas jurídicos pueda ser resuelta sin mucha dificultad.

Nuestro régimen constitucional no sólo se refiere a derechos individuales, sino que también toma en cuenta la existencia de lo que podríamos llamar derechos comunitarios. Nuestro país es pluri-cultural, multi-étnico y multi-linguistico en un grado eminente. Aunque se reconoce de facto la existencia de una cultura hegemónica, también nuestro país ha madurado lo suficiente en los últimos lustros como para ser sensible a la existencia de diversas comunidades indígenas.

La palabra diversidad es esencial, pues cada una de estas comunidades es diferente entre sí y merece un tratamiento que tome en cuenta sus especificidades.

Este es un tema no menor e incluso se podría afirmar que el futuro del país depende de cómo se crea una cultura no sólo de la tolerancia, sino de la amistad cívica.

Algunas cosas pueden comenzar a implementarse para cumplir este objetivo.

El Congreso de la Unión y los congresos locales podrían destinar partidas presupuestales que tomen en cuenta las particularidades de cada comunidad indígena para luego dejar que ellas las administren autónomamente.

Sería importante también que el Estado establezca políticas sociales que ayuden a las comunidades en materia de salud pública, educación, alimentación, telecomunicaciones, vivienda y otras. Sería beneficioso que en todo esto también pudiera participar la iniciativa privada, a través de proyectos merecedoras de estímulos fiscales.

Finalmente, nada de esto tendría consecuencias positivas si no se promueven las condiciones para que las mujeres indígenas puedan contribuir a su propio desarrollo y al de la comunidad en general. Se ha insistido muchas veces, no sin razón, en que no habrá prosperidad si no se integra a la mujer en su consecución. Se podría empezar en esta materia por dar facilidades para que mujeres indígenas sean propietarias de bienes inmuebles.

El México ganador del futuro no puede dejar atrás a sus comunidades indígenas. Por el contrario, debemos integrarlas – manteniendo sus diferencias – en el gran proyecto de un México democrático, justo y próspero.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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